El 5 de febrero de 2024, el Ejecutivo Federal mexicano presentó ante la Cámara de Diputados un conjunto de propuestas de enmiendas constitucionales y modificaciones a leyes secundarias. Entre estas, destaca la iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en lo concerniente al poder judicial. Dicha propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, y a la Comisión de Justicia para su opinión.
El Presidente López Obrador y la Presidente electa Sheinbaum han expresado su deseo de que esta iniciativa sea debatida y sometida a votación al inicio de la LXVI Legislatura, cuyas funciones comenzarán el 1 de septiembre de 2024.
Previo a su consideración por el Poder Legislativo, se ha planteado la necesidad de realizar consultas públicas y foros de parlamento abierto para analizar la viabilidad de la reforma.
Al momento, la iniciativa está pendiente de dictaminación por la Comisión de Puntos Constitucionales y de la opinión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Es importante señalar que, al tratarse de modificaciones a la CPEUM, la iniciativa requiere la aprobación de una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como el respaldo de dos tercios de las legislaturas estatales.
Los comicios del 2 de junio de 2024 resultaron en que la coalición MORENA-PVEM-PT obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. Sin embargo, en el Senado no alcanzaron dicha mayoría, proyectándose que contarán con 83 senadores.
La Presidente electa Sheinbaum anunció que la iniciativa será sometida a consideración ciudadana mediante foros y consultas públicas, involucrando a jueces, magistrados, colegios de abogados, académicos y sociedad civil.
Se prevé que estos foros y parlamentos abiertos se lleven a cabo en los meses previos al inicio de la LXVI Legislatura. Posteriormente, se espera que la iniciativa sea discutida y votada por ambas cámaras del Congreso a principios de septiembre de 2024.
Los mercados internacionales han reaccionado ante estos anuncios, resultando en una depreciación del peso frente al dólar.
La iniciativa propone cambios significativos, incluyendo una nueva composición de la Suprema Corte de Justicia, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, y nuevas reglas procesales.
Entre los aspectos más relevantes de la iniciativa se encuentran:
- Establecimiento de plazos máximos para resolución de asuntos tributarios.
- Creación de un Órgano de Administración Judicial en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal.
- Modificación en el proceso de selección de magistrados y jueces.
- Limitación de remuneraciones en el Poder Judicial.
- Reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia.
- Eliminación de las salas de la Suprema Corte de Justicia.
- Reducción del periodo de encargo de los ministros y eliminación del haber de retiro.
- Implementación de elección directa y secreta por la ciudadanía para ministros, magistrados y jueces.
- Nuevos requisitos y restricciones para la elección de funcionarios judiciales.
- Cambios en el proceso de aprobación de renuncias y designación de funcionarios interinos.
- Modificaciones en la elección de magistrados electorales.
- Creación del Tribunal de Disciplina y establecimiento de su periodo de funciones.
- Prohibición de creación de fondos, fideicomisos o contratos análogos no previstos en la ley dentro del Poder Judicial Federal.
- Limitaciones en los efectos de sentencias en controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo.
